Los escenarios proyectados por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG-UCAB) en su presentación de junio de 2019 se cumplieron, a nuestro pesar, con una gran precisión. Tal como habíamos proyectado, la estrategia del gobierno apostó a la estabilidad a través de su autocratización, lo que sitúa hoy a Venezuela al mismo nivel de Zimbabue en el ranking del Democracy Index de The Economist, lo que implica una suerte de africanización del caso venezolano, no solo en lo político, sino también en lo económico y social.

Con respecto a los escenarios para el presente año 2020, en la presentación hecha por el CEPyG en diciembre pasado se reconoce la certeza de una elección parlamentaria, al menos desde lo previsible, así como la menor probabilidad de una elección presidencial. El régimen trata de avanzar en la celebración de elecciones parlamentarias bajo condiciones electorales suficientes para que éstas no sean eventualmente cuestionadas por la comunidad internacional, como sucedió con la presidencial de mayo de 2018, al tiempo de mantener las condiciones políticas capaces de inducir una abstención suficiente del lado de los electores de oposición, que haga que la oposición prefiera el boicot a la participación, y producir así  resultados electorales favorables que le devuelvan el control de la Asamblea Nacional, con la cooperación de “una nueva oposición” representada por sus interlocutores en la Mesa Nacional de Dialogo, lo que excluiría a la oposición  política mayoritaria de los espacios institucionales de representación oficial, dejándoles solo la calle como campo de acción.

El problema para la oposición es como manejar el dilema de sus electores entre participar en unas nuevas elecciones si Maduro aún está en el poder legitimando un proceso con baja credibilidad y abandonar la oportunidad de mantener el espacio institucional de la Asamblea Nacional en las próximas elecciones parlamentarias. Hoy, para el elector opositor, en buena medida por las expectativas generadas por el discurso de Guaidó, la resolución de este dilema depende, en gran medida, más de condiciones políticas que electorales, tal como la demanda de que “Maduro no sea presidente”, lo que refleja una especie de efecto bumerán de la propuesta “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.

La realidad es que, de acuerdo con múltiples estudios, los boicots electorales suelen diluirse en el tiempo, restándole espacios de lucha a la oposición y dejándole como única alternativa la calle, con lo cual resultaría mucho más sencillo la represión puntual y hasta su apresamiento al perderse los espacios institucionales de lucha. Mientras algunos argumentan que la oposición este año ha estado en una mejor posición gracias a no haber participado en la elección de 2018. La realidad es que nada de lo sucedido en 2019 hubiese sido posible si la oposición no estuviese en control de la Asamblea Nacional gracias a haberla ganado en el 2015.

Las elecciones tendrán utilidad para democratizar si estas aumentan costos de represión del gobierno, a través de la unificación de la oposición y el aumento de su eficacia política para movilizar y legitimarse. En cambio, la elección pierde fuerza estratégica si los costos de represión son bajos, si la elección funciona para dividir a la oposición, o si la competencia electoral sirve para generar espacios para el clientelismo político, permitiéndole al régimen cooptar a un subgrupo de partidos, generándole incentivos para su participación electoral.

Nuestro ejercicio de prospectiva realizado para el 2020 y presentado en diciembre pasado arroja un flujo de dinámicas que se mueven sobre un tablero con cuatro posibles escenarios, que serían los siguientes:

1. Autocratización: Mayor concentración del poder en un hombre o en una élite muy reducida; avances en el control del régimen sobre el poder político; menor dependencia de la legitimidad electoral (incertidumbre sobre las reglas y procedimientos, certidumbre sobre los resultados); continua el avance en la eliminación de todo contrapeso institucional o político.
2. Militarización: Concentración del poder político en la élite militar; desplazamiento de la élite política por la militar; control militar sobre las decisiones políticas; estabilidad y gobernabilidad dependiente del uso de la fuerza y no de la legitimidad.
3. Transición Tutelada: Transición por reforma controlada desde la élite militar; cambio de actores en el gobierno; condicionamiento de una transición a los acuerdos entre la élite militar y la élite política opositora; control militar de las garantías institucionales otorgadas a la institución militar (contrapeso militar al poder político); cambios institucionales progresivos y lentos.
4. Transición plena:  Transición por ruptura o ruptforma (híbrido entre ruptura y reforma que implica una combinación de conflicto y acuerdos); cambio de actores en el poder; cambios institucionales y constitucionales; independencia de poderes y reinstauración de balances y contrapesos institucionales; elecciones bajo condiciones de integridad electoral.

El statu quo con el que cierra el 2019 está representado por el escenario número 24 aunque es probable que pueda moverse hacia el cuadrante 20 si la oposición (G4[1] y Guaidó) no reunifica filas al interior de sus fuerzas, luego del saldo negativo de 2019 con respecto a los intentos fallidos de cambio político.

El escenario que considerábamos más probable para el primer trimestre del 2020 era el de autocratización reflejado en el número 3 para el primer trimestre de 2020 y, si la oposición no cambiaba de manera significativa su estrategia. La relativa ausencia de protestas políticas a principios de este año y los movimientos que se generan por el control de la Asamblea Nacional, han mantenido la situación en el cuadrante 20 con alguna posibilidad de poder evolucionar hacia escenarios más favorables si la oposición y Guaidó son capaces de repensarse y reinventarse, tras la exitosa gira internacional de Guaidó, para tratar de avanzar hacia el cuadrante 29 o 30 que son los que permitirían una transición. Mientras tanto el gobierno hace su mejor esfuerzo por mover la situación hacia el cuadrante 4, a través de la división opositora frente a la elección parlamentaria, mantener la desmovilización de la población y, en ese contexto, de la celebración de unas elecciones parlamentarias, la abstención de la oposición para lograr una mayoría parlamentaria que contribuya a garantizarle una mayor estabilidad en el mediano plazo.

El reto de la opinión pública

Los resultados del reciente estudio de opinión del (CEPyG-UCAB), cuyo campo fue desarrollado por la empresa de estudio de opinión Delphos, mediante entrevistas en 1.200 hogares, del 28 de octubre al 12 de noviembre de 2019, a nivel nacional, apunta en general a un cambio dramático con respecto al país de 2018, con la paradoja de que el nivel de esperanza habría retrocedido por debajo del de noviembre de 2018, después del importante repunte observado entre enero y mayo de 2019 con motivo del surgimiento del liderazgo de Juan Guaidó y su oferta política sobre el cese de la usurpación, la instalación de un gobierno de transición y la celebración de elecciones libres.

Con respecto a la proporción del apoyo de la población venezolana al gobierno y a la oposición, el estudio señala que 40,2% de la población apoya a la oposición, 23,4% al chavismo. Si desglosamos lo anterior, aquellos de oposición que sí apoyan al liderazgo (oposición dura) representan el 23,7%, y aquellos que se auto definen como opositores, pero no al liderazgo (oposición blanda), representan el 16,5%. Luego, la población que apoya a Maduro es de 14,3% y la población identificada con el chavismo, pero se reconoce descontenta con Maduro, es de 9,1%. El resto, es decir, más de un tercio de la población (36,3%), no apoya a ninguna de las dos partes del espectro político, lo que no quiere decir que sean indiferentes o no tengan posición política. Este grupo que no se identifica con ninguno viene en franco ascenso desde octubre de 2017, frente a los tres grandes grupos de autodefinición política y en comparación con los subgrupos identificados como oposición.  Asimismo, toca destacar que el apoyo al chavismo ha caído dramáticamente, puesto que representa una erosión significativa de lo que había constituido su piso de apoyo. Consistente con lo anterior, 62,4% de la población señala al gobierno y a Maduro como los mayores responsables de los problemas del país, una proporción mayor que la encuesta de mayo de 2019, 58,2%. La mayor simpatía partidista reposa en el PSUV con 18,2% mientras que los partidos de oposición suman 14%. Es así como el chavismo viene perdiendo no solo apoyo, sino reduciendo su piso político, en una tendencia que es progresiva y pareciera irreversible.

El nivel de confianza en Juan Guaidó habría disminuido en los últimos meses del año pasado, al pasar de un 98,2% en la oposición dura en mayo de 2019, al 88,7% en noviembre de 2019; del 81,8% al 50,8% en la oposición blanda, y de 49,6% hasta 29,6% en el grupo que no se identifica con ningún liderazgo. No obstante, pese al enorme costo político que han podido tener sus errores y una importante caída en las expectativas, Guaidó ha mostrado una enorme resiliencia y continúa siendo, por mucho, el principal referente de la oposición, al tiempo que aventaja también por mucho a Maduro.

Las expectativas sobre un cambio de gobierno para los próximos 12 meses habían aumentado exponencialmente a partir de la aparición de Guaidó y registraban, aún para mayor de este año, un 50,6%. Actualmente, para el momento del cierre de este estudio, noviembre 2019, las expectativas habían retrocedido hasta un 39,2%, situándose prácticamente en los mismo niveles de noviembre del 2018  (38,7%). Ello se relaciona con los niveles de efectividad esperada de Guaidó con respecto a su oferta política del cese de la usurpación, sólo un 18,6% cree que Guaidó sí lograra el cese de la usurpación y 21,4% señaló que tal vez lo lograría.

La disposición a votar en las parlamentarias en 2020 es de 64,4% y para las presidenciales de 69,9%, mientras que para una celebración en conjunto sería de 64,8% en la pregunta hecha sin atender a ninguna condición político o electoral. No obstante, la disposición a votar bajo ciertas condiciones electorales y políticas sufre una merma importante. Un elemento a destacarse es  que los “no chavistas” se abstienen con mayor fuerza. En este sentido, «que Maduro no sea Presidente” se ha convertido en una barrera importante al voto, que denota, además, que las condiciones políticas pesan más que las condiciones propiamente electorales. La penetración del “mantra” posicionado por Guaidó en el primer semestre del año como su eje estratégico para el cambio político -cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres- no sólo está reflejado en la disposición a votar bajo ciertas condiciones de los grupos identificados como oposición, sino, incluso, en una pequeña proporción del chavismo duro. Con respecto a las expectativas versus deseo de la población, la mayoría prefiere unas elecciones presidenciales a las parlamentarias; sin embargo, las expectativas de que esto suceda son muy bajas.

Con respecto a la protesta, al contrario de lo que se piensa, y de lo que la respuesta a las convocatorias pareciera evidenciar, hay una disposición muy alta a protestar (40,9%). En la actualidad, entre la población una mayoría está dispuesta a luchar sin correr muchos riesgos (30,1%), seguida de la disposición a quedarse tranquilo y adaptarse (21,9%); le sigue el grupo que estaría, más bien, dispuesto a luchar tomando riesgos 17,7%, mientras que la disposición de la población a armarse para luchar ha subido dramáticamente de 10,5% en mayo de 2019 a 18,1% en noviembre de 2019, un reflejo de que aquellos que manifestaron su disposición en mayo a luchar con riesgo se decantaron meses después por la posibilidad  del uso las armas como mecanismo de lucha para el cambio. Esencialmente hay una polarización en el comportamiento adoptado ante la caída de la esperanza entre un tercio que se da por vencido y piensa que no hay nada que hacer por lo que se distribuyen entre las opciones de adaptarse para sobrevivir o irse del país, y otro tercio que se radicaliza diciendo estar dispuestos a correr todos los riesgos, incluido el de la lucha armada, lo cual preocupa, más que por su factibilidad inmediata, por la inclinación hacia la violencia como salida.

Los movimientos de enero y su impacto en los escenarios

En línea con los escenarios de autocratización previstos por el CEPyG, este año se inicia con dos movimientos sorpresivos. El primero, un intento de golpe de estado parlamentario el pasado 5 de Enero, que constituyó un error de cálculo de quienes lo ejecutaron, posiblemente convencidos de que la combinación adecuada de incentivos, amenazas y control de acceso al Palacio Legislativo les daría el quórum y los votos necesarios para hacerse con la directiva de la Asamblea Nacional, sacándole a Guaidó y sus aliados el control del Parlamento, y con ello la base de sustentación de la Presidencia interina. El régimen ha decidido intentar sacar algún provecho del revés, no retrocediendo sino avanzando a marcha forzada sobre los escombros políticos y jurídicos de su acción orientada a la destrucción de un parlamento que es la única institución del Estado que no controlan, y cuya inhabilitación judicial no ha sido suficiente para hacer control de daños por la derrota del 2015.

Como respuesta al intento de golpe de estado legislativo, Guaidó, también sorpresivamente, sale de Venezuela el pasado fin de semana, burlando la prohibición de salida del país que pesa sobre él, para iniciar una gira internacional que ha sido, sin lugar a duda, un round a su favor tras el revés que significó el secuestro del Palacio Legislativo por grupos armados leales al régimen el pasado 15 de enero. La toma por la fuerza del Palacio Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, y la presencia  posterior de funcionarios policiales en la Torre Sudamérica, sede de la Presidencia Interina, son indicativos de una aproximación progresiva del régimen contra Guaidó, que hasta ahora había evitado por un simple cálculo costo-beneficio que predecía consecuencias que podrían sacar al régimen del precario equilibrio que le ha mantenido en pie sobre su, cada vez más reducida e inestable, base de sustentación.

La gira, en donde se hizo evidente el tratamiento de Jefe de Estado dado a Guaidó, constituye una respuesta contundente que neutraliza el intento del gobierno por hacerlo ver débil y vulnerable, aumentando los costos de cualquier agresión, al tiempo de colocarle, nuevamente, como centro de gravedad de la oposición y de la lucha por la democracia en Venezuela.

El 2020 comenzó con un nuevo aire y la rara bendición de una segunda oportunidad para Guaidó, lo que se traduce en una nueva oportunidad para una Venezuela cada vez más escéptica sobre su futuro. Toca a Guaidó y a la oposición continuar reinventándose, como ha comenzado a hacerlo, y aprovechar lo que podría ser su última oportunidad para liderar la lucha más importante que Venezuela ha dado desde su independencia. Toca al mundo libre y a los venezolanos acompañarlo para hacer realidad esta victoria.